OMI aprueba el primer impuesto global al carbono para el transporte marítimo

La Organización Marítima Internacional (OMI), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó este viernes 11 de abril, en Londres, un acuerdo global que establece un sistema de fijación de precios para las emisiones de carbono del sector marítimo. La medida, que entrará en vigor en octubre de 2025, introduce el primer impuesto internacional al carbono aplicado a embarcaciones y formaliza un nuevo estándar regulador para el uso de combustibles con menor intensidad de carbono en el transporte marítimo.

Según datos de la propia OMI, el sector naval representa alrededor del 5% del consumo mundial de combustibles fósiles, superando la demanda de cualquier país individual excepto Estados Unidos y China. La decisión se interpretó como una señal importante hacia la transición energética y una reducción proyectada en la demanda de petróleo a mediano y largo plazo.

En 2023, los Estados miembros de la OMI acordaron metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: al menos un 20% para 2030, con esfuerzos adicionales para alcanzar un 30%, y el objetivo de lograr emisiones netas cero para 2050. La fijación de precios para las emisiones fue definida como el principal instrumento para impulsar esta transición.

El formato aprobado incluye una tasa de 380 dólares por tonelada para las emisiones que superen los niveles más intensos y 100 dólares por tonelada para los excesos dentro de un umbral inferior. A partir de 2028, todas las embarcaciones comerciales deberán utilizar una combinación de combustibles con menor intensidad de carbono o pagar las tasas correspondientes.

Se espera que los ingresos generados por este impuesto alcancen entre 30.000 y 40.000 millones de dólares para finales de la década, lo que equivale a unos 10.000 millones de dólares anuales. Los recursos se destinarán al desarrollo de tecnologías y a la adopción de fuentes de energía de baja emisión en el sector marítimo. Los Estados insulares del Pacífico propusieron que parte de estos ingresos se destinara a cubrir el déficit de financiamiento climático, pero países como Brasil y otras naciones en desarrollo rechazaron esta vinculación.

El acuerdo fue apoyado por 63 países, entre ellos Brasil, China, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Sudáfrica, Singapur y Noruega. Otros 16 países votaron en contra, incluyendo Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Venezuela. Hubo 25 abstenciones, entre ellas varios Estados insulares del Pacífico, Seychelles, Argentina y otras naciones en desarrollo.

Durante la sesión plenaria, el representante de Tuvalu expresó preocupaciones en nombre de los países insulares sobre la insuficiencia de incentivos y financiamiento para una transición justa. Se espera que estos países publiquen una declaración conjunta en los próximos días.

La decisión también generó críticas de organizaciones de la sociedad civil. WWF afirmó que el acuerdo representa un avance importante, pero señaló vacíos en la definición de metas intermedias y riesgos de desvío en la trayectoria hacia la neutralidad de emisiones. La organización Opportunity Green calificó el resultado como un "avance limitado" ante las necesidades climáticas de los países más vulnerables. Por su parte, Pacific Environment señaló deficiencias en los mecanismos para viabilizar soluciones a largo plazo y garantizar la justicia climática en el sector.

Uno de los puntos de atención mencionados por observadores es la posibilidad de continuar usando gas natural licuado (GNL) como combustible de transición. La estructura del acuerdo permite, a corto plazo, el uso de GNL dentro de los objetivos de intensidad de carbono, pero indica que esta opción será progresivamente penalizada a partir de la década de 2030.

A pesar de las objeciones presentadas por países exportadores de combustibles fósiles y de amenazas políticas de algunos líderes internacionales, la aprobación fue considerada un hito en las discusiones multilaterales sobre el papel del transporte marítimo en la transición energética global. La OMI afirmó que continuará monitoreando los desarrollos e implementaciones a nivel nacional y regional para garantizar que el acuerdo se cumpla en todas las rutas comerciales.